Las ciudades modernas son un cúmulo de intereses sociales, grupales e individuales. En ocasiones, dichos intereses pueden provocar sinergias o diferendos que necesitan de la participación de especialistas en asuntos públicos para lograr acuerdos que busquen el interés común y fomenten el derecho a la ciudad.
Una buena estrategia de relación comunitaria permite destrabar diferencias que, muchas veces, se alimentan de la desinformación, los rumores o el desconocimiento del marco legal y de las atribuciones de los órganos gubernamentales. Gestionar de manera adecuada los intereses de la comunidad no solo mejora la convivencia, sino que permite alcanzar resultados tangibles y sostenibles en beneficio de todos.
Puente entre ciudadanía y desarrollo urbano
Henry Lefebvre, en 1958 habló por primera vez de la apropiación colectiva del espacio urbano. Actualmente, uno de los principales promoventes del derecho a la ciudad es ONU Hábitat y lo define como el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. En este marco, los asuntos públicos se convierten en una herramienta esencial para traducir esa aspiración en políticas, mecanismos de participación y acciones concretas en el territorio.
El derecho a la ciudad contempla al espacio urbano como un bien común, libre de discriminación, con igualdad de género y con participación democrática. En este sentido, la participación social se hace indispensable. En México, esta participación está reconocida en la Constitución y en diversas leyes locales. En el caso de la Ciudad de México, la Constitución Política, la Ley Ambiental y la Ley de Participación Ciudadana establecen mecanismos para incorporar la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre grandes proyectos urbanos.
Participación ciudadana: gobernanza y confianza
Uno de esos mecanismos es el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones que se fundamenta en la idea de gobernanza, en donde la interacción de las autoridades, la ciudadanía y los promoventes (p. ej. desarrolladores inmobiliarios) sirve para recoger las inquietudes de vecinas y vecinos que habitan en la que se conoce como la zona de influencia de un proyecto determinado. En este proceso se abordan los impactos de la obra, así como las obras de mitigación necesarias.
Son varios los beneficios que aporta este proceso, entre ellos:
- Fomenta la participación ciudadana y el diálogo para concertar diferencias.
- Permite diagnósticos precisos sobre las necesidades locales.
- Genera conocimiento compartido entre autoridades, ciudadanía y desarrolladores.
- Da voz a las personas vecinas para transformar su espacio público.
- Construye gobernanza.
- Legitima los proyectos y genera confianza.
- Promueve la inversión responsable y el cumplimiento del derecho a la ciudad.
Coordinación y estrategia efectiva
Este proceso pone en el centro las necesidades vecinales e impulsa a promoventes a adoptar medidas que disminuyen, eliminan o evitan afectaciones en comunidades. Sin embargo, su efectividad también depende de la dinámica social y del conocimiento especializado que se aplique para lograr una gestión realmente útil y equilibrada.
En PRoa, como parte de nuestros servicios de asuntos públicos, invitamos a nuestros clientes a tener siempre presente que uno de los grandes retos es cómo la autoridad vigila y coordina la ejecución de las acciones y obras de mitigación acordadas con las personas vecinas. Estas acciones deben consolidarse como compromisos compartidos, pues representan beneficios mutuos tanto para las comunidades como para los promoventes.
Además, un desafío normativo importante consiste en contar con mecanismos que permitan distinguir a los grupos sociales que participan con un genuino interés comunitario, de aquellos que buscan colocar intereses particulares por encima del bien común. Identificar a quienes usan estos procesos para beneficios personales o para promover movilizaciones ideológicas es clave para fortalecer la gobernanza y garantizar el libre disfrute de la ciudad.
Herramientas como el Proceso de Consulta Vecinal son relevantes para que la ciudadanía participe activamente en procesos que generan comunidad y fortalecen el derecho a la ciudad. Integrar estos mecanismos dentro de una estrategia de asuntos públicos permite que esa participación se traduzca en diálogo, confianza y proyectos sostenibles que beneficien a todas y todos.
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