Entre los múltiples temas que se discuten día a día, destaca la relación entre el gobierno y la iniciativa privada. Aunque se trata de un tema básico entre los estudiosos de ciencias sociales, políticas y económicas, éste ha rebasado la esfera académica y sus esporádicas apariciones en pláticas de sobremesa y se ha posicionado como un asunto recurrente en medios de comunicación tradicionales y digitales. ¿La razón? Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.
Durante sus años como oposición y durante su campaña, AMLO construyó un discurso nacionalista y antineoliberal que hizo eco en estratos socioeconómicos que normalmente no se preocupaban ni por la vida política nacional, ni por cómo funciona eso que llaman “mercado”, tampoco por cómo operan las empresas a las que les consumen día con día. Combinado con otros factores, el discurso obradorista permeó tanto que ganó los comicios de 2018 basado en un inédito apoyo popular.
En ese sentido, se observa que, de alguna manera, el presidente ha mantenido tal discurso durante el tiempo que lleva su administración. Como lo hizo en campaña, el discurso presidencial hace eco en sectores donde antes las palabras de actores políticos tenían poca relevancia. Algunos dirían que esta especie de despertar político de la sociedad mexicana -al que muchos expertos catalogarían como un indicador de una democracia en crecimiento- ha enriquecido la discusión pública pero también ha fomentado cierta polarización. El tan peculiar humor mexicano da cuenta de ello. Desde el inicio de la administración de AMLO, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han llenado de memes dedicados a la vida política nacional. Particularmente graciosos resultan los que hablan sobre el regreso del socialismo de la mano de López Obrador, llegando al grado de sustituir el águila juarista colocada en el Zócalo por una hoz y un martillo en diversas imágenes que circulan en la web.
Sin embargo, no siempre se trataría de una exageración absurda, pues existen sectores de la población que se perciben realmente preocupados porque el presidente suprima la propiedad privada y encabece un Estado súpercontrolador, que tienda a una dictadura. También parece notarse que ciertos sectores de la sociedad están esperando una mayor intervención estatal y que disminuya de manera importante el poder económico, a favor del poder político. Podría decirse que ambos polos son consecuencia de una malinterpretación del discurso antineoliberal del presidente. La manera en que se contextualiza y estructura dicho discurso engloba a toda actividad empresarial como neoliberal y abusiva, por consecuencia, la resonancia podrían interpretarla algunas personas como que el Gobierno de México es anti-empresas.
En los hechos, el Gobierno de México sigue haciendo negocios con la iniciativa privada; la relación entre el presidente y la iniciativa privada podría catalogarse si no como buena, sí como cordial. El Secretario de Educación antes era presidente de Fundación Azteca y el jefe de la Oficina de Presidencia literalmente es un empresario. Pero no solo eso, en medio de la pandemia, AMLO ha anunciado sendos acuerdos con la iniciativa privada: el laboratorio británico AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim producirán una vacuna contra la COVID-19 en México y Argentina, los gobiernos participarán diseñando políticas públicas que garanticen la universalización del tratamiento. Aunado a ello, el gobierno acordó con las principales televisoras del país, la transmisión de contenido educativo para los niveles de educación inicial, básica y media, pues el regreso a clases presenciales resultó imposible debido a la emergencia sanitaria; si bien el programa ha recibido diversas críticas, es un ejemplo claro de colaboración público-privada.
¿Qué pasa, entonces, que este tipo de cuestiones no han funcionado para cambiar la percepción de ciertos grupos? La respuesta podría radicar en la ausencia de un concepto surgido en los 90: la gobernanza. De acuerdo con Luis Aguilar, la gobernanza es un nuevo proceso de gobernar, que toma en cuenta el efecto que sufren actualmente las sociedades democráticas. Se trata de una forma de gobierno basada en las interacciones entre gobierno y sociedad civil, y, por ende, incluye a los actores de mercado.
Los modelos de gobernanza parten de la idea de la insuficiencia gubernamental para la resolución de todas las situaciones problemáticas que esperan ser resueltas. Dicho de otro modo, los asuntos públicos son tantos y tan diversos que han requerido la coordinación entre los distintos actores de la sociedad para su tratamiento. A los ojos de algunos lectores esto podría resultar una obviedad, porque efectivamente, desde hace años, muchos gobiernos han establecido modelos de gobernanza para la resolución de problemas públicos.
El problema es que pocas veces estas acciones se comunican a través de conceptos unificadores, haciendo énfasis en la colaboración entre actores de mercado, sociales y de gobierno. Esto representa, sin duda, un área de oportunidad para la iniciativa privada, que, aunque en los últimos años ha incorporado estas colaboraciones en sus informes y comunicaciones corporativas, aun no ha logrado impactar de manera particularmente fuerte en la opinión pública.
Hoy en día, parece difícil que el Gobierno de México modifique su discurso en esencia, o que incorpore este concepto en el mediano plazo, pues después de 20 meses de gobierno, si algo ha quedado claro es que el presidente es muy fuerte en sus convicciones. Siendo así, la responsabilidad de visibilizar y fomentar estas nuevas formas de gobierno recae en la sociedad civil y en la iniciativa privada. La primera ha puesto manos a la obra, pues cada vez son más las organizaciones civiles que se alían con gobiernos para el tratamiento de problemas públicos, sin embargo, no cuentan con la capacidad económica para una comunicación efectiva de tales alianzas. De modo que, para la iniciativa privada cuya solvencia económica es mayor, queda la encomienda de buscar espacios y maneras de comunicar la colaboración que realiza con otros sectores, a tenor de fortalecer y fomentar la idea de un país integrado, que trabaja por su desarrollo y bienestar.
Roberto Manero es Licenciado en Política y Gestión Social así como Maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. Es especialista en Asuntos Públicos, Análisis Político y Relaciones Gubernamentales.
