Crecí escuchando que la consolidación democrática estaba a la vuelta de la esquina. Durante décadas, la expansión de elecciones libres alimentó la idea de que la democracia avanzaba de forma casi irreversible. Hoy, el escenario es distinto. En el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Democracia, vale la pena mirar menos la efeméride y más una de las variables que define la calidad de nuestra vida pública: la confianza.
La edición 2026 de la Encuesta de la OCDE sobre los factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas muestra que, en promedio, cuatro de cada diez personas en los países miembros de la OCDE tienen una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional. Solo tres de cada diez confían en que su sistema político les permite tener voz en las decisiones del gobierno. Esa distancia entre ciudadanía e instituciones no es únicamente un problema democrático. También modifica el entorno en el que operan empresas, organizaciones y sectores productivos.
La confianza institucional también es un asunto empresarial
Cuando disminuye la confianza en las instituciones se vuelve más difícil construir acuerdos, legitimar decisiones, gestionar proyectos y sostener relaciones con autoridades y comunidades. La incertidumbre política o regulatoria puede crecer, pero también lo hacen las expectativas sociales hacia actores privados que participan en asuntos de interés público.
Por ello, la confianza institucional y los asuntos públicos están cada vez más relacionados. Una empresa puede cumplir con la regulación y, aun así, enfrentar resistencias si no comprenden las preocupaciones que pueden tener sobre su actuar sus grupos de interés. Del mismo modo, una organización puede tener argumentos técnicos sólidos, pero perder legitimidad si comunica tarde, evita el diálogo o aparece únicamente cuando surge una controversia.
La democracia va mucho más allá del voto. Su solidez también depende de canales de diálogo, mecanismos de rendición de cuentas, equilibrio entre poderes y espacios para participar en la conversación pública. Esa misma lógica debe incorporarse a una estrategia moderna de asuntos públicos.
Cuatro acciones para fortalecer la confianza
Frente a un contexto de mayor desconfianza, empresas y organizaciones pueden incorporar acciones concretas a su gestión:
- Identificar de manera permanente las expectativas y preocupaciones de sus grupos de interés.
- Abrir canales de diálogo con autoridades, comunidades y organizaciones sociales antes de que surjan conflictos.
- Comunicar con transparencia decisiones, impactos y compromisos, evitando que la información aparezca únicamente como respuesta a una crisis.
- Anticipar riesgos sociales, políticos y regulatorios mediante monitoreo del entorno y análisis de actores.
Estas acciones no sustituyen el cumplimiento normativo ni la gestión reputacional; las complementan. Su objetivo es construir relaciones capaces de generar legitimidad y reducir la distancia entre organizaciones y su entorno.
Confianza institucional y asuntos públicos: construir acuerdos en un entorno complejo
La pérdida de confianza no debe entenderse solo como un síntoma del deterioro democrático. Es también una condición que afecta la forma en que gobiernos, empresas y sociedad negocian, colaboran y construyen consensos. Cuando las personas sienten que no son escuchadas, cualquier decisión, pública o privada, enfrenta mayores obstáculos para ser comprendida y aceptada.
Para los asuntos públicos, el reto consiste precisamente en transformar esa distancia en diálogo. En PRoa, acompañamos a empresas y organizaciones en el desarrollo e implementación de una estrategia que permita gestionar sus grupos de interés, comprender el entorno político y social y construir espacios de interlocución legítima con autoridades, comunidades y otros actores relevantes.
En un contexto de baja confianza institucional, participar responsablemente en la conversación pública ya no es un elemento accesorio; es una condición para construir legitimidad, anticipar riesgos y generar acuerdos sostenibles.
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